La reducción de los derechos de exportación -parcial para la carne, el maíz, el sorgo, el girasol, la soja y sus derivados- representa un esfuerzo fiscal significativo, aunque no lo sea tanto para el sector productivo. Con miras a avanzar más rápidamente hacia la eliminación de tributos que restan competitividad, se vuelve esencial un ordenamiento más integral del sistema tributario, en el que las provincias deben involucrarse activamente.

Concretamente, en el caso de la carne y el girasol, la reducción es del 25 %, mientras que para el maíz, el sorgo, la soja y sus derivados es del 20 %. El anuncio vino acompañado del compromiso de no retrotraer la medida y de profundizarla hasta su eliminación total.

Los derechos de exportación constituyen un muy mal impuesto, ya que desincentivan la producción. A comienzos de este siglo, nuestro país tenía una producción de granos comparable a la de Brasil; hoy, sin embargo, produce menos de la mitad. Brasil, como la mayoría de los países, no aplica impuestos a sus exportaciones agropecuarias. Más allá de esto, en Argentina también se aplican otros tributos distorsivos que afectan la competitividad.

La presión tributaria nacional, provincial y municipal equivale aproximadamente al 28 % del PBI. Dentro de esa carga, según estimaciones del Ministerio de Economía para 2024, el Estado nacional aplica derechos de exportación por un valor equivalente al 1 % del PBI, e impuesto al cheque por el 1,6 %. 

Las provincias recaudan aproximadamente el 3,9 % del PBI a través del impuesto sobre los Ingresos Brutos, y un 0,4 % adicional mediante el impuesto a los Sellos. Por su parte, los municipios aplican tasas sobre las ventas que representarían no menos del 0,5 % del PBI. En conjunto, los impuestos que más afectan la competitividad suman alrededor del 7,4 % del PBI, es decir, más de uno de cada cuatro pesos que recaudan los tres niveles del Estado.

En este marco, la reducción parcial de los derechos de exportación equivale al 0,2 % del PBI. Aun así, representa un esfuerzo fiscal relevante, ya que compromete dos tercios del superávit financiero. Resulta paradójico que un alivio concentrado en el sector agroexportador represente un obstáculo tan significativo para las finanzas públicas nacionales.

Sin dejar de reconocer que el equilibrio fiscal es prioritario, al igual que la necesidad de eliminar tributos que restan competitividad, resulta evidente que el camino del gradualismo tributario es largo e ineficiente.

Una estrategia más integral permitiría avanzar con mayor rapidez en la eliminación de los malos impuestos, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. La baja en los derechos de exportación generará aumentos en la recaudación de otros tributos como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, lo que permitiría compensar las pérdidas de recaudación. 

Para las provincias y sus municipios, esto implicaría mayores recursos vía coparticipación y recaudación propia. Por eso, sería factible acordar que dichos ingresos adicionales se destinen a reducir impuestos provinciales y municipales que afectan la competitividad. La producción agropecuaria, además, afronta costos adicionales por insumos encarecidos debido a la carga de Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales incluidos en su precio.

En síntesis, con una estrategia integral del sistema tributario, es posible avanzar más rápidamente en la eliminación de impuestos distorsivos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Para lograrlo, es imprescindible involucrar a los gobiernos provinciales.