Si Estados Unidos pudo transformar una vieja aspiración que se remonta hasta el gobierno de Ronald Reagan en una política nacional, ¿no deberíamos al menos, en la Argentina, animarnos a debatirla con honestidad intelectual y sin prejuicios ideológicos?

En noviembre pasado, en una nota publicada en El Economista, anticipé que el nuevo equilibrio político en Estados Unidos, tras el triunfo de Donald Trump y el control republicano del Congreso, podría allanar el camino para la aprobación de una ley:  Educational Choice for Children Act of 2024 (ECCA), que consagre la libertad de elección educativa. Hoy, esa posibilidad se ha transformado en una realidad histórica.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 3 de julio el primer programa nacional de vouchers educativos. Lo hizo como parte de un ambicioso paquete de reformas, One Big Beautiful Bill Act, convertidas en ley por el presidente Donald Trump el 4 de julio. Esta decisión marca un antes y un después en la historia de la educación norteamericana, y —por qué no— constituye un disparador para repensar las políticas educativas en Argentina.

La ECCA sirvió de base conceptual y técnica para estructurar el nuevo sistema de vouchers, el cual amplía significativamente su alcance: mientras la ECCA apuntaba a familias de bajos ingresos, el programa actual extiende la elegibilidad al 90 % de las familias estadounidenses, excluyendo únicamente al decil superior. 

Una nota publicada por el New York Times del 3 de julio detalla el nuevo esquema en detalle. El programa está estructurado como un crédito fiscal federal: los contribuyentes podrán donar dinero a organizaciones que otorgan becas escolares y deducir esa suma íntegramente de sus impuestos federales, hasta un tope de 1.700 dólares por persona. Estas organizaciones, a su vez, distribuirán los fondos entre las familias beneficiarias.

La amplitud del programa es notable. Las familias con ingresos de hasta el 300 % del ingreso medio de su región serán elegibles. Y podrán beneficiarse tanto quienes ya envían a sus hijos a escuelas privadas como quienes evalúan hacerlo a futuro. La medida, que entrará en vigor en 2027, podría transformar el mapa educativo de los Estados Unidos. Su implementación dependerá de dos condiciones claves: que los estados decidan adherir al sistema, y que una masa crítica de contribuyentes esté dispuesta a realizar donaciones. 

Sin embargo, las expectativas son elevadas. Como afirmó Tommy Schultz, director de la American Federation for Children: "esta es la mayor conquista hasta ahora de un largo esfuerzo para empoderar a las familias".

En reiteradas oportunidades he propuesto para la Argentina un sistema similar, adaptado a nuestra realidad económica y fiscal, que contemple vouchers educativos dirigidos exclusivamente a familias de bajos ingresos. 

En un contexto de estancamiento educativo y creciente desigualdad, permitir que el financiamiento siga al alumno —y no a la institución— podría ser el primer paso hacia una transformación profunda que incentive la mejora de todas las escuelas mediante la competencia virtuosa, sin excluir ni discriminar.

La experiencia en Estados Unidos demuestra que las políticas públicas pueden y deben salir del terreno de la especulación ideológica para ingresar en el de la implementación concreta. Lo que ayer era considerado inviable o utópico, hoy es ley federal en EE.UU.

Argentina enfrenta una crisis profunda en materia educativa, la cual sufren en mayor medida aquellos niños y jóvenes de familias desfavorecidas económicamente. En este escenario, apostar a la libertad de elección y al protagonismo de las familias, más allá de sus posibilidades económicas, no es solo una opción deseable: es una necesidad urgente. 

Si Estados Unidos pudo transformar una vieja aspiración que se remonta hasta el gobierno de Ronald Reagan en una política nacional, ¿no deberíamos al menos, en la Argentina, animarnos a debatirla con honestidad intelectual y sin prejuicios ideológicos?